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Imagen de la puerta de una casa con unas llaves puestas

El gasto que ya no tendrán que afrontar los inquilinos con la nueva Ley de Vivienda

Adiós a los honorarios de las agencias inmobiliarias para poder entrar en una vivienda de alquiler

El Gobierno ha conseguido desbloquear la Ley de Vivienda tras muchos meses de intensas negociaciones. ERC y EH Bildu han dado luz verde a una ley rodeada por la polémica. La medida estrella es el tope del 3% a la subida de los alquileres, que pretende evitar los abusos en el mercado.

Oskar Matute (EH Bildu) y Pilar Vallugera (ERC) han anunciado las nuevas medidas hoy en rueda de prensa. Han defendido que “la nueva ley garantiza el derecho a la vivienda y pone coto a la especulación y los abusos”. Además de topar el alquiler, se incluyen medidas nuevas y relevantes.

Por ejemplo, la obligación de los propietarios de hacer frente a los honorarios y los gastos de las agencias inmobiliarias. Una buena noticia para los inquilinos, ya que este era uno de los obstáculos a la hora de acceder a una vivienda de alquiler. Esto es lo que dice la nueva ley sobre este gasto.

Adiós al gasto extra para entrar en un piso

Hasta ahora, los inquilinos tenían que hacer frente al gasto extra de las agencias cuando entraban en un nuevo piso de alquiler. En muchas ocasiones, para entrar se requería este gasto además del alquiler y la fianza. Una cantidad inasumible que impedía a muchos el alquiler de una vivienda.

Una mano sujetando billetes de 50 euros con fondo gris
La medida alivia el gasto inicial para acceder a una vivienda de alquiler | Getty Images

Oskar Matute ha confirmado en rueda de prensa que serán los propietarios quienes carguen con el gasto a partir de ahora. “Quien hace uso del servicio de una inmobiliaria es quien tiene que pagar los gastos honorarios”, ha aclarado. Se pretende así acabar con los cargos abusivos para el inquilino.

Esta medida está pensada para que “sobre todo las y los jóvenes puedan acceder a la vivienda”. Según Matute, “el servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este quien deba asumir los gastos”. Este punto ya había generado rechazo por parte de las agencias inmobiliarias.

Tope al alquiler y grandes tenedores

La Ley de Vivienda es junto a la reforma de las pensiones la joya de la corona de la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero también ha generado una enorme polémica. Algunos la consideran ilegal por intervenir en el mercado, y otros dudan que sea efectiva para proteger a los inquilinos.

Para evitar las fuertes subidas del precio del alquiler, el Gobierno ha incluido dos medidas importantes en la ley. Una, limitar la subida del alquiler al 3% a partir de 2024 (hasta entonces seguirá en vigor el 2% actual). Dos, crear un nuevo indicador para topar los alquileres por debajo del IPC.

Además, la nueva ley rebaja el concepto de grandes tenedores de diez viviendas a cinco. Con esta medida se pretende dotar a las comunidades autónomas de más mecanismos para controlar los llamados “fondos buitre”. Igualmente, a partir de ahora será más fácil declarar a un territorio zona tensionada.

Zonas tensionadas y medidas antidesahucio

Las zonas tensionadas son áreas donde el alquiler está más caro y por lo tanto se permite un mayor control de los precios. Hasta ahora se tenían que dar tres condiciones a la vez, lo cual limitaba mucho las zonas tensionadas. Con la nueva ley solo se tendrán que cumplir una de dos condiciones.

Decenas de balcones con flores en un bloque de viviendas pintado de blanco y naranja
Los inquilinos ya no tendrán que pagar honorarios de agencia | Getty Images

Se considerarán zonas tensionadas aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. O bien si en esa zona concreta el alquiler ha subido un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años. Por lo tanto, en la práctica aumentarán las zonas tensionadas.

Finalmente, la nueva ley de la vivienda introduce medidas para limitar los desahucios. Se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada, para acabar con la indefensión de los inquilinos. Y se incluyen prórrogas que permitirán aplazar los procesos durante más de dos años.