El Gobierno ha llegado a un acuerdo para rubricar la segunda y última fase de la reforma de las pensiones en España. Se han esquivado los puntos más polémicos como la ampliación de la base de cálculo. El objetivo era salvar las pensiones sin que los pensionistas perdieran poder adquisitivo.
Un difícil equilibrio que el Gobierno de Pedro Sánchez asegura haber conseguido y saca pecho por ello. Sin embargo, amplios sectores están levantando la voz por lo que consideran una subida de impuestos encubierta. La pregunta que se hacen es quién pagará el aumento del gasto en pensiones.
Con la nueva reforma, los trabajadores podrán escoger sus mejores años para calcular su pensión de jubilación. Se calcula que los cambios aprobados supondrán un significativo aumento del gasto en pensiones. Y este gasto podría recaer en el poder adquisitivo de empresarios, trabajadores y autónomos.
La letra pequeña de la reforma
Una de las claves de la reforma es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supondrá un aumento del 0,6% de las cotizaciones para todos los trabajadores. Inicialmente estaba previsto que durase diez años, pero finalmente se alargará hasta 2050. Además aumentará progresivamente hasta el 1,2%.
Además, cada tres años se va a revisar la situación del sistema público de pensiones. El Gobierno de turno podrá subir las cotizaciones si el sistema sigue en números rojos y necesita de más ingresos para su supervivencia. Y a todo ello se suma el impuesto de solidaridad a los salarios de más de 54.000 euros.
Los grandes beneficiados serán los pensionistas actuales. Pero según el experto analista @lawtips, “los trabajadores actuales pagarán más cotizaciones que nunca, se jubilarán más tarde que nunca y cobrarán pensiones más bajas que nunca”. Estos serán los grandes perjudicados de la reforma.
Los trabajadores que más pagarán
Según el borrador del decreto de ley de medidas urgentes para la reforma de las pensiones, habrá un nuevo impuesto de solidaridad. Este llegará a ser del 6% y lo pagarán las rentas más altas. Además contempla un mecanismo de equidad que duplicará el gasto para las empresas y los trabajadores.
Hay que recordar que en la primera fase de la reforma ya se aprobó un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores por cuenta propia cotizan por ingresos reales. Lo cual, en la práctica, supone un incremento de la cuota mensual.
Los trabajadores que más pagarán serán los que tengan más ingresos, ya que el nuevo impuesto va dirigido a ellos. Se trata de un impuesto puro y duro, ya que no aumenta las cotizaciones de quienes lo paguen. Sus cotizaciones irán subiendo conforme al IPC anual más 1,25 puntos.
Revisión periódica de la deuda
El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado que se trata de un sistema “sostenible, equilibrado y razonable”. El ministro ha obtenido luz verde de Bruselas, a cambio de la revisión periódica del sistema. La Comisión Europea quiere muestras de que se está reduciendo el déficit millonario.
El gran cambio de esta última fase de la reforma de las pensiones es la ampliación de la base de cálculo. Puesto que era la parte más polémica, finalmente se ha optado por una opción intermedia. Se amplía la base a 29 años, pero durante los próximos 20 años se compaginará con la base de 25.
Así, los trabajadores podrán escoger el modelo que más les interese para conseguir una pensión más alta. Pasado este tiempo, se impondrá la base de cálculo de 29 años que en muchos casos supondrá una pensión más baja. Además, la edad seguirá aumentando progresivamente hasta los 67.