La Seguridad Social ya ha advertido de que podría quedarse con el dinero de los pagos con tarjetas de crédito. Es la nueva estrategia que seguirá el organismo público para reducir la morosidad con la Tesorería General. Son muchas las empresas y profesionales que le adeudan dinero a esta entidad, por lo que tratan de ponerle freno a este problema.
El departamento que lidera José Luis Escrivá se ha propuesto actuar contra aquellas operaciones que se lleven a cabo con tarjeta. En el momento de realizar el abono de una compra, el sistema podría retenerles una parte o la totalidad de la misma. Dicha transacción debe efectuarse a través de una terminal de punto de venta, conocida como TPV.
Cuando las compañías o profesionales se dispongan a cobrar por medio de este dispositivo, la Seguridad Social contará con potestad para intervenirlo. Para ello es necesario que detecte que dicha terminal pertenezca a una empresa la cual presente deudas. De esa manera, el importe ingresado, en lugar de ir a parar a su entidad bancaria recalará en las cuentas del Estado.
Será la forma de satisfacer las deudas que tengan con ellos. Es preciso que la cuantía pendiente se encuentre por encima de los 3 euros. Además, se exigirá que la citada deuda se haya reclamado en varias ocasiones y durante al menos un año.
Esta ley entrará en vigor dentro de poco después de que ya fuera publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE). El embargo le resultará más sencillo al ministerio que lidera Escrivá. Para ello pondrán en marcha un sistema informatizado que permitirá ampliar el ámbito de actuación.
¿Cómo funcionará el sistema?
La intención es que de manera mensual se notifiquen a las entidades bancarias de forma masiva los datos de los deudores. Será la Seguridad Social la encargada de realizarlo, teniendo en cuenta que deben disponer de un TPV. A partir de ahí, los bancos dispondrán de 30 días para identificarlos y transmitir la información facilitada por la Tesorería.
Con todo ello lo tendrán más sencillo para llevar a cabo el embargo. Entienden que se conseguirá una mayor eficacia en este tipo de procedimientos. La situación llega a resultar un tanto alarmante si tenemos en cuenta la cantidad de negocios que deben dinero a este organismo.
En 2021 se produjeron más de 3 millones de procedimientos de apremio por parte de la Tesorería. Es previsible que esa cifra haya ido en aumento en los últimos meses.
Los bancos podrán implicarse de manera voluntaria
La adhesión al sistema será voluntario por parte de las entidades bancarias, tal y como recoge la normativa. Explican que los que no lo hagan "no podrán alegar dificultades técnicas u operativas que hayan podido motivarse por el número de actuaciones solicitadas".
Lo normal en este tipo de procedimientos, es que de alguna manera presionen a los bancos para que se impliquen con esta tarea. Pero estas entidades se encuentran con un serio contratiempo. Y es que podría producirse una fuga de clientes si en otros bancos se les garantiza esa 'inmunidad' ante la Seguridad Social.
Seguramente más de uno también opte por retirar las terminales de su negocio y únicamente acepte el pago en metálico. Será otra manera de librarse del embargo de este organismo.
Quejas por parte de los autónomos
El colectivo de profesionales por cuenta propia no ha tardado en mostrar su desacuerdo por esta medida. La consideran de "agresiva y discriminatoria", apuntan desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Ponen como ejemplo el blindaje antiembargo del Salario Mínimo Interprofesional que sufren los asalariados. No habrá la posibilidad de que les embarguen los ingresos hasta los 1.080 euros. En el caso de los autónomos empezarán a actuar a partir de las deudas que superen los 3 euros.