Los inquilinos que tengan que renovar los contratos de alquiler ya no estarán tan protegidos como hasta ahora. Es más que probable que se vean afectados por alguna subida de las rentas.
Hace unos días, el Gobierno comunicaba su intención de no renovar las prórrogas al alquiler. Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de junio, permitía a los arrendatarios alargar la vigencia de los contratos durante seis meses. Siempre en las mismas condiciones que estuvieran en vigor, por lo que habría lugar a incrementos.
Esta iniciativa surgió durante la pandemia y se presentó como una medida de protección social. Entendían que por aquella época resultaba complicado cambiar de vivienda al haber tantas restricciones de movilidad. Después de una serie de prórrogas, ahora nos encontramos ante su final.
Desde el Ejecutivo entienden que los inquilinos se encuentran debidamente cubiertos por la Ley de Viviendas. En ella se incluye un tope del 2% durante este año y un 3% en 2024.
Nada más conocerse la noticia, los primeros en reaccionar fueron los socios del PSOE en el Gobierno. La portavoz en materia de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, mostró su malestar por la medida. Indicó que "causará estragos en miles de personas que viven de alquiler".
La ministra de Economía, Nadia Calviño, trató de restarle trascendencia al asunto. Subrayó que la nueva ley contempla que las personas vulnerables puedan alargar un año más sus contratos "para tener protección".
Al mismo tiempo destacó la decisión del Ejecutivo de extender hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios. Principalmente para aquellas familias sin recursos que carezcan de otra alternativa habitacional.
Los sindicatos denuncian que los alquileres subirán 'todo lo que quieran'
Durante los dos próximos ejercicios, tanto 2023 como 2024, los alquileres se encontraran blindados. No podrá haber subidas por encima del 2% y 3%, respectivamente. En cualquier caso, los nuevos planteamientos del Gobierno no resultaron ser del agrado de los sindicatos de inquilinas de Cataluña y Madrid.
Entienden que a partir de ahora, con la finalización de las prórrogas de los contratos, habrá "subidas abusivas o las no renovaciones de los alquileres". Así se expresó en Público la portavoz del Sindicat de Llogateres, Sílvia Abadía.
Por su parte, la delegación de Madrid, señalaba en un comunicado que esto originará "una oleada de desahucios invisibles". A través de un post en Twitter, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid desvelaba la situación que podría darse a partir de ahora.
Afirman que el tope del "2% solo se aplica a las actualizaciones anuales del contrato". Sin embargo, el gran problema se produce a la conclusión del mismo, ya que "pueden subirte todo lo que quieran", denuncian.
La limitación a los alquileres por la Ley de la Vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Son los gobiernos autonómicos los que tienen la potestad de decidir cuándo una zona puede considerarse de tensionada o no. De momento, según indica Abadía, solo se está aplicando este techo a los incrementos en Cataluña.
Estos sindicatos temen que sin una adecuada regulación de precios en todo el país, los inquilinos podrían enfrentarse a un serio contratiempo. Dicha postura por parte del Gobierno implicará "una nueva oleada de subida de precios, y en definitiva, la expulsión de miles de inquilinos".
¿Hasta dónde pueden llegar los aumentos?
Esas subidas del 2% y 3% no se podrán llevar a cabo en todas las viviendas. Algunas de ellas esquivarán este límite, como es el caso de las suntuarias y las de temporada, publica Economía Digital. Esto es así debido a que no están contempladas en la Ley de Arrendamiento Urbano.
En algunos casos, las rentas podrían dispararse hasta el 10% cuando el inmueble haya sido reformado en los dos últimos años.