A la hora de buscar empleo, algunos colectivos tendrán prioridad. Entre ellos se encontrarán las personas incluidas dentro de la comunidad LGTBI, como gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Con la nueva ley que entró en vigor el pasado miércoles se busca acabar con la presunta discriminación de estos grupos.
Esto supone que a partir de ahora en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tendrán preferencia las personas del colectivo LGTBI. Para ello, como recoge El Español, tendrán que confiar en la "buena voluntad" de las personas que aseguren ser parte de ellos.
Hasta ahora no existe ninguna manera de acreditar públicamente la orientación sexual de una persona, ni tampoco aparece registrado en ninguna parte. Se trata de una información de carácter privado que afecta únicamente a la esfera privada de cada uno.
Desde el citado medio indican que dispondrán de unas mejores condiciones y servicios a la hora de demandar un trabajo. De alguna forma, lo que se pretende con todo esto es acabar con uno de los grandes problemas a los que se vienen enfrentando. El 90% de las personas de este colectivo admite que su orientación sexual ha supuesto un inconveniente para encontrar empleo, según un estudio de UGT.
Dar un vuelco total a la situación
Pero los problemas se le acumulan y no se reduce únicamente a esto. Más del 75% de los consultados asegura haber sido testigo de alguna agresión verbal a personas LGTBI. En el caso de las personas trans, el porcentaje de desempleo llega hasta el 80%.
De hecho, estos últimos aparecen recogidos en la nueva Ley de Empleo como uno de los grupos más vulnerables. Con todo ello se exige para ellos una especial atención en lo que se refiere a políticas laborales.
¿Qué implicará las nuevas medidas?
Según lo recogido por la ley será necesario diseñar "itinerarios individuales y personalizados de empleos". Deben ajustarse "al perfil profesional de las personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria". Pero no serán los únicos grupos de población a los que habrá que prestar una cierta relevancia.
También se encuentran aquí las personas jóvenes con baja cualificación, los desempleados de larga duración o con discapacidad. Se les unen, además, los mayores de 45 años, migrantes, solicitantes de protección internacional y con capacidad intelectual límite.
Las mujeres "con baja cualificación, víctimas de violencia de género o gitanas", son otros de los colectivos a los que les concederán prioridad. Lo mismo sucederá con las personas "trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, afectadas por drogodependencias y otras adicciones".
Una de las grandes novedades de la Ley de Empleo
La prioridad del colectivo LGTBI en las políticas de empleo promete generar revuelo. Sin embargo, la nueva ley viene cargada de novedades, sobre todo en lo referente a la tramitación de los despidos colectivos. Será la autoridad legal la que se decida si se ajusta a la normativa previa consulta de un informe que realizarán desde Inspección.
Por lo tanto, antes de declararse un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) habrá que disponer del visto bueno de inspectores de Trabajo. Dicha medida se introdujo por medio de una enmienda de EH-Bildu.
Deberán de "comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas". Pero también tendrán la obligación de pronunciarse sobre la concurrencia de las causas" y de los motivos que llevan al despido.
La noticia no agradó nada a la patronal, que cargó con dureza contra la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Se sienten traicionados por ella y ya no la consideran una interlocutora "fiable". La relación de los empresarios con el Gobierno cada vez es más tirante al entender que no se les tiene en consideración.