Después de más de un año con el debate abierto, la Moncloa finalmente parece mover ficha respecto a la financiación de las autopistas. La empresa de ingeniería pública Ineco ha sido la encargada por el Gobierno para llevar a cabo un exhaustivo estudio sobre carreteras. El objetivo: valorar un nuevo sistema de financiación de la red de carreteras del Estado.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha encargado a la consultora pública elaborar nueve informes. La asesoría jurídica estará centrada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras. Esto supone un primer paso hacia una posible introducción del peaje en vías hasta la fecha libres de pago.
La polémica estrategia del Gobierno para financiar las carreteras españolas
El coste por estos servicios de consultoría asciende a los 1,4 millones de euros, con la condición de que los informes estén acabados en 10 meses. Para ello, Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros. Una gran inversión que promete revelar las mejores opciones jurídicas y financieras para costear la red de carreteras.
El revuelo que han provocado estas posibles medidas ha obligado a las autoridades a informar sobre ello. Ya el Ministerio ha advertido que de momento solo tratan de buscar alternativas para tomar una decisión “cuando llegue el momento adecuado y siempre con el consenso del sector”.
Las autoridades evitan el debate y llaman a la calma
En la misma línea, la ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, ha querido tranquilizar con las siguientes palabras: “será un tema que tendrá que ser consensuado con toda la sociedad y el resto de las fuerzas políticas”. Además, el presidente Sánchez ha querido subrayar que el momento actual no es el más “propicio” para confirmar cualquier nuevo mecanismo de financiación.
A pesar de la voluntad del Gobierno por encontrar soluciones, las consecuencias económicas tras la pandemia y el conflicto ruso han dificultado la tarea. Es por ello que no se prevé una aplicación de las propuestas a corto plazo.
No obstante, fuentes del ministerio recuerdan que en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ya se recogen algunas soluciones para la financiación. Estas se basan en criterios de equidad territorial, seguridad vial, sostenibilidad ambiental, y un amplio consenso social y político.
Quienes más contaminen, más pagarán
Sin embargo, las declaraciones de la consultoría Ineco contratada por el Ministerio han generado polémica. Según esta, la tarificación de las carreteras del estado “está contemplada como reforma desarrollar en las componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) relacionadas con la movilidad sostenible y la fiscalidad verde”.
Defienden también que este plan respondería a las recomendaciones dadas en el marco del Semestre Europeo 2019-2020. Además, se alinearía con las agendas estratégicas de la Unión Europea, que ya aplican países como Francia, Italia o Portugal con peajes generalizados.
Una de las alternativas que parece convencer más al Gobierno es aquella que establece un sistema de financiación basándose en los contaminantes. De esta manera, las personas que más uso de la red viaria hagan y más contaminen pagarán más. Es por eso que los próximos informes también contarán con un análisis del impuesto especial a los hidrocarburos.
La nueva propuesta supone miles de millones de euros anuales
La patronal de construcción Seopan ha hecho una previsión de los beneficios al Estado que supone la introducción de peajes en las autovías. Con el cobro de más de 14.000 kilómetros, hasta ahora gratuitos, se generaría un ingreso de 12.649 millones de euros anuales por tarificación.
Por si fuera poco, Hacienda llegaría a percibir 4.700 millones de euros por IVA, Impuesto de Sociedades e IBI cada año. Asimismo, las administraciones públicas obtendrían 4.827 millones de euros anuales durante 25 años y un ahorro de 850 millones en conservación. Con las estrategias que aún se plantea, podrían llegar a reducir el déficit de casi 1.000 millones de euros a causa de la pérdida de recaudación fiscal en autopistas.
2024, posible fecha para la aplicación de las medidas
El pasado 10 de junio se formalizó el contrato entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, para la elaboración de los informes que prometen revelar la mejor opción. Por el momento, todos los documentos hasta ahora recogidos apuntan al año 2024 como fecha en que podríamos encontrarnos peajes en las carreteras del país.