En plena crisis económica y de inflación disparada, el Gobierno se ha puesto serio con los bancos y ha sacado adelante varias iniciativas. Por ejemplo, el código de buenas prácticas para proteger a los clientes de los abusos de las hipotecas. O la ley de defensa del cliente frente a las entidades financieras.
El proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía pretende castigar con 250 euros a los bancos que reciban una reclamación de un cliente. La polémica está en que la entidad financiera estaría obligada a pagar aunque el cliente no tenga razón. La medida causa una gran preocupación en la banca.
Temen que esta nueva ley sea un resquicio para que los clientes presenten reclamaciones con el único objetivo de ganar una buena cantidad de dinero. De hecho, los bancos ya han asumido que les saldrá más a cuenta pagar directamente 200 euros al cliente. Esto es lo que dice la nueva normativa.
En qué consiste la nueva medida
Gobierno y banca vuelven a chocar por el proyecto de ley de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Se trata de una medida para aliviar los conflictos entre la banca y los clientes. Pero la propuesta viene envenenada por una grieta en la propia ley.
Los bancos estarán obligados a pagar 250 euros a la nueva agencia por cada reclamación que haga un cliente. Los bancos están dispuestos a pagar 200 euros al cliente para que no presente la reclamación. Pagar un poco menos les saldrá más rentable que seguir adelante con el trámite.
La entidad financiera han puesto el grito en el cielo por esta normativa que consideran “del todo insólita” y “un escándalo”. Temen que haya una avalancha de reclamaciones con el único objetivo de sacar tajada. Beneficiará a los clientes perjudicados, pero abrirá una peligrosa senda.
El Banco de España reacciona
Los bancos aseguran que con esta ley una persona puede ir ganando pequeñas cantidades si se organiza bien y está bien asesorado. Presentando varias reclamaciones puede ganar cientos de euros. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también ha reaccionado a la polémica.
La mitad de las quejas de clientes a los bancos son por cantidades inferiores a los 250 euros. Por lo tanto, cualquier disputa por una cantidad inferior a esta tasa será aceptada por los bancos para ahorrarse al menos un dinero. Y esto, con independencia de si el cliente tenía o no razón.
Así se lo ha planteado Hernández de Cos al Ministerio de Economía, advirtiendo de que esto disparará los conflictos entre clientes y entidades. El Gobierno por su lado defiende la medida. Afirma que se duplicarán las reclamaciones, pero que solo unos 100.000 clientes presentarán protestas.
La tentación del afán recaudatorio
La nueva agencia estatal podría recaudar hasta 23 millones de euros según los cálculos del Gobierno. Pero si al final resulta tan fácil conseguir estos 200 euros, los clientes podrían lanzarse en tromba a reclamar. Podrían hacerlo por presuntas comisiones, tarjetas u otro tipo de reclamación.
La ley aclara que no se admitirán las reclamaciones “manifiestamente infundadas”. Pero el afán recaudatorio podría hacer también que la nueva agencia flexibilizara los parámetros y admitiera la mayoría de las reclamaciones. Ante esto, los bancos estudian llevar la ley al Tribunal Constitucional.
Confían en que el proceso de enmiendas en Las Cortes tumbe la propuesta, pero desde el Gobierno lo tienen muy claro. Lo único a lo que se abren es a rebajar la cantidad de las tasas. Pero dan por hecho que la propuesta saldrá adelante y habrá que ver como reaccionan los clientes.