Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este viernes entra en vigor la nueva Ley de Vivienda. Se presenta con unas cuantas novedades que afectarán tanto a inquilinos como a propietarios. Eso sí, algunos detalles esenciales de la norma aún tardarán unos meses en aplicarse.
Entre otras cosas, a partir de ahora los intermediarios tendrán la obligación de facilitar información sobre los inmuebles y sus dueños. Además, en cuanto a las nuevas deducciones fiscales, se activarán a partir de enero de 2024. Esto significa que no se podrán recoger en la declaración de la renta hasta 2025.
Las principales medidas que incluye esta ley
Las dificultades para acceder a una vivienda por parte de un amplio sector de la población ha obligado al Gobierno a tomar medidas. Esta cuestión lleva años debatiéndose entre los distintos actores sociales, pero nunca sin alcanzar el suficiente consenso.
La normativa fue aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos favorables de PSOE, EH Bildu, ERC y partidos de la Izquierda Confederal.
Entre las principales medidas se incluye el control de alquileres en zonas tensionadas o un nuevo índice de referencia para las revisiones de rentas. También se pondrán en marcha nuevos incentivos fiscales, además de regular los desahucios.
Todo lo que debes saber
Para que sepas cómo actuar con la compra o alquiler de una vivienda, te resultará de gran interés esta información.
1. Limitar la actualización de las rentas
La nueva Ley de Vivienda contempla un tope en las revisiones de las rentas anuales. El Índice de Precios al Consumo (IPC) deja de ser considerado la referencia. Hasta el 31 de diciembre de 2023, las subidas no podrán rebasar el 2%, tanto para pequeños como grandes tenedores.
En 2024, este límite queda establecido en el 3%. Por su parte, en 2025 se fijará un nuevo porcentaje que determinarán el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto con el INE.
2. Información sobre el inmueble y el propietario
En las operaciones de compraventa y alquiler debe ofrecerse información sobre el dueño y el inmueble. Serán datos que tengan que facilitar los intermediarios en el caso de que el comprador o inquilino lo demande.
Entre otras cosas se incluyen condiciones económicas o las características de la casa y del edificio. A ello se le une un punto bastante controvertido. Y es que el potencial arrendatario podrá acceder a la identificación del dueño o la persona jurídica que intervenga en la operación.
3. Se reduce el número de casas de los grandes tenedores
A partir de ahora se considerarán como grandes tenedores lo que cuenten con más de cinco inmuebles. Antes había que tener al menos diez. Este detalle resulta especialmente importante, ya que se les aplicará una serie de medidas concretas, que afectarán entre otras cosas a los topes.
4. Programación de desahucios
Habrá la obligación de realizar los desahucios con fecha y hora predeterminados. También se fijan nuevas prórrogas en los procesos de lanzamiento, que se alargarán hasta los 24 meses.
Los grupos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión tendrán garantizado el acceso a procedimientos de solución extrajudiciales. Además, los fondos de planes estatales de vivienda ofrecerán alquileres sociales bonificados o realojamiento de personas.
5. Recargo en el IBI a las viviendas vacías
Con efecto inmediato entra en vigor un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para algunas viviendas vacías. Se aplicará sobre las que permanezcan como mínimo un par de años sin uso. Podría alcanzar hasta el 150%.
6. Pago por medios electrónicos
El abono de las rentas se realizará por lo general a través de medios electrónicos para los contratos que se firmen a partir de ahora. Se pone como excepción "cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago".
7. Gastos de inmobiliaria
A partir de ahora, los gastos de gestión inmobiliaria serán asumidos de forma obligatoria por el arrendador. Otro punto que ha generado bastante controversia.
8. Incremento de la vivienda protegida
El porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida pasará del 30% al 40% para actuaciones de nueva urbanización. Aumentará del 10 al 20% cuando se trate de suelo urbano no consolidado o actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
9. Consejo asesor de vivienda
Este órgano se encargará de que se cumple la nueva ley y promoverá las futuras políticas de vivienda. Estará integrado por componentes de los distintos departamentos ministeriales con competencia en el ámbito de la vivienda.