En las últimas horas saltaban todas las alarmas en la Agencia Tributaria. Ocurrió un hecho de gravedad que impidió a los inspectores realizar sus funciones habituales. Se fue notificando a cada uno de ellos las medidas a adoptar a partir de ahora.
El departamento de informática de Hacienda tuvo que bloquear las conexiones a decenas de funcionarios que tenían habilitadas las funciones en remoto en sus ordenadores. Algunos de estos trabajadores se encuadraban dentro del grupo que se ocupa de fiscalizar las declaraciones de los grandes patrimonios y empresas del país.
El hecho de interrumpir sus funciones obedece más bien a una maniobra de prevención. Habían detectado una brecha de seguridad en los certificados que permiten a los inspectores el acceso al sistema. Así lo confirmaron distintas fuentes de la Agencia Tributaria al diario ABC.
Desde las oficinas centrales del organismo se remitió a lo largo de la jornada del miércoles una comunicación a unos cuantos funcionarios. Tanto de la unidad mencionada anteriormente como de otras. Se les emplazaba a regresar a sus puestos en las oficinas a partir del jueves.
Había que evitar la conexión en remoto debido al peligro que entrañaba. No querían poner en riesgo toda la información que manejan, y que resulta muy atractiva para los delincuentes.
Un intento de hackeo
Lo ocurrido con el sistema se debió a un intento de hackeo, como desvelaron desde la Agencia Tributaria. Pretendían comprometer la seguridad del sistema, lo que obligó en cierta medida a adoptar esta decisión tan radical. Revocaron los certificados de acceso a modo preventivo.
Este organismo venía detectando desde hace días comportamientos un tanto sospechosos. De hecho, hace un par de semanas ya pidió un cambio masivo de todas las contraseñas de acceso al sistema. Recomendaban a los funcionarios que las reemplazaran por otras más sofisticadas y complicadas.
Sería la manera de potenciar la seguridad de las rutas de acceso al sistema que emplean los inspectores para trabajar desde casa. De hecho, el pasado 21 de noviembre hay constancia de qué personas ajenas a Hacienda entraron en remoto a la red, accediendo a la información económica de todo el país. Los datos que se manejan son de gran valor y si cayeran en manos de cualquiera supondrían un gran peligro.
La situación se puso en manos de la Policía. Pero como suele ocurrir con este tipo de casos resulta muy complicado dar con los delincuentes. Los hackers siempre van un paso por delante.
Los ciberataques se dirigen hacia los organismos públicos
Los ciberataques no dejan de crecer. Y lo mismo pueden poner el foco en empresas privadas que en organismos públicos. La Seguridad Social, ayuntamientos, ministerios y otros entes también se encuentran en la diana.
Uno de los últimos en sufrirlo ha sido el ayuntamiento de Durango, en Vizcaya. Su sistema informático se vio tan comprometido que estuvieron más de una semana inactivos a consecuencia de un ataque. Los funcionarios no pudieron utilizar sus ordenadores y las gestiones de los ciudadanos también se vieron mermadas.
En noviembre se robó datos de medio millón de contribuyentes por medio de un grave hackeo en la agencia Tributaria. En el consistorio valenciano de Requena, se bloquearon todos los servidores y ordenadores. En su caso provocaron que los trabajadores cobrarán con retraso sus nóminas.
A modo de rescate les solicitaron el abono de 500.000 dólares en bitcoin. Un episodio muy similar se vivió en Sevilla, en donde la irrupción de los ciberdelincuentes provocó un gasto de un millón de euros.
En los nueve primeros meses de 2022, los ataques informáticos aumentaron casi un 90% respecto al mismo periodo de 2019. Así lo recoge el último Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior.