En nuestra sociedad, la inclusión y el respeto por la diversidad son valores fundamentales que debemos promover. Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras y obstáculos que dificultan su plena participación en la sociedad. La integración de las personas con discapacidad en la sociedad es un desafío que requiere el compromiso de todos los miembros de la comunidad.
En primer lugar, es crucial promover una mentalidad inclusiva, donde se reconozca y valore la diversidad de habilidades y capacidades de cada individuo. La discapacidad no debe ser vista como una limitación, sino como una característica más de la diversidad humana.
La accesibilidad es otro aspecto fundamental para la integración. Es necesario eliminar las barreras físicas y proporcionar entornos accesibles que permitan a las personas con discapacidad moverse y participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad.
Además, es esencial fomentar la inclusión educativa. Las escuelas deben estar preparadas para recibir a estudiantes con discapacidad, proporcionando apoyos y adaptaciones necesarias para su pleno desarrollo académico y social. Asimismo, la sensibilización y la formación de los docentes y compañeros de clase son fundamentales para crear un entorno educativo inclusivo y libre de prejuicios.
La integración laboral es otro aspecto crucial. Las personas con discapacidad tienen habilidades y talentos para contribuir de manera significativa al mundo laboral. Las empresas y organizaciones deben promover la diversidad e implementar políticas de inclusión laboral, eliminando cualquier tipo de discriminación y brindando ajustes razonables para adaptar los puestos de trabajo a las necesidades individuales.
En España parece que gran parte de estos objetivos se están cumpliendo, ya que la mayor parte del colectivo está integrado en la sociedad. De hecho, incluso a nivel fiscal, las personas con discapacidad cuentan con una serie de beneficios por su condición.
¿Cuáles son los impuestos que no pagan?
Si la persona en cuestión cuenta con un grado de discapacidad de al menos un 33 % o más podrá beneficiarse con deducciones o incluso exenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conocido comúnmente como IRPF. El IRPF es un impuesto que se aplica en muchos países y tiene como objetivo gravar las rentas o ingresos obtenidos por las personas físicas dentro de un año fiscal determinado.
Este conocido impuesto se aplica a una amplia gama de fuentes de ingresos, como salarios, pensiones, rendimientos de actividades económicas, ganancias de capital, o rentas del alquiler, entre otros.
Sin embargo, las personas con discapacidad que acrediten una gran incapacidad o que esta sea permanente están exentas de pagar el IRPF si reciben una prestación o pensión. Cuando recibe una prestación por desempleo en modalidad de pago único también está exenta de pagar el IRPF.
Esto supone una inestimable ayuda para este colectivo, que ve como en algunas ocasiones tienen más complicado que una persona no discapacitada el acceso a medicamentos o incluso a un empleo.
Si están empleadas ¿también cuentan con deducciones fiscales?
Según la Agencia Tributaria, las personas con discapacidad que estén empleadas pueden beneficiarse de deducciones fiscales. Estas deducciones permiten reducir el rendimiento neto del trabajo en determinadas cantidades. En el caso de los trabajadores con discapacidad, la reducción es de 3.500 euros al año.
Sin embargo, si la persona con discapacidad cumple con ciertos requisitos adicionales, la reducción puede ser aún mayor. En concreto, si la persona necesita ayuda de terceros o tiene dificultades de movilidad, o si cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, la reducción asciende a 7.750 euros al año.
Estas deducciones son una manera de reconocer las necesidades especiales y los gastos adicionales que pueden enfrentar las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Al proporcionar estas, se alivia la carga financiera y se promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad.