El Gobierno ha puesto la lupa sobre los números de información 118 que ofrecen servicios de consulta. Se trata de teléfonos para pedir información sobre otros teléfonos, sobre tiendas, restaurantes y toda clase de negocios. El problema es que están detectando muchos fraudes a través de estas líneas.
El Gobierno ha reaccionado ante los fraudes masivos que están denunciando multitud de usuarios. Los afectados denuncian el comportamiento abusivo por parte de las empresas operadoras de estas líneas. Para atajar el problema, se está preparando una ley que fijará nuevas condiciones para las compañías.
El Ministerio de Asuntos Económicos prepara una actuación inminente para regular mejor la utilización de estas líneas. La medida está en proceso de trámite, y una vez obtenga el visto bueno del Consejo de Ministros se publicará en el BOE. La intención es establecer nuevas condiciones en la prestación de estos servicios.
Alerta: fraude masivo
El Ministerio ha puesto la lupa en las prácticas fraudulentas identificadas en estas líneas. Los usuarios denuncian trucos de las operadoras para aumentar el coste de las llamadas. Por ejemplo, dilatar la llamada con tiempos de espera o preguntas innecesarias hasta alcanzar el importe máximo (30,25 euros).
El coste se multiplica en ocasiones al obligar al usuario a realizar varias llamadas. Se ofrece información distinta a la solicitada y se incita a la realización de llamadas con premisas falsas. Muchos usuarios se han quejado al observar las abultadas facturas del teléfono que han recibido últimamente.
La nueva legislación pretende proteger a los clientes víctimas de estos fraudes y a las operadoras que prestan el servicio correctamente. Las sanciones impuestas hasta hoy no han conseguido rebajar el número de reclamaciones. Así que el Gobierno ha decidido establecer nuevas condiciones.
Nuevas condiciones
El Gobierno establecerá nuevas condiciones en la regulación de los teléfonos de servicio 118. A partir de ahora ya no habrá un tope de 2,5 euros por minuto, favoreciendo así la competencia. Y se limitará la duración de la llamada a dos minutos, siendo actualmente de diez minutos.
Además, se pedirá la petición expresa del usuario para el acceso a cualquier número 118 de manera obligatoria. Los operadores no podrán desviar las llamadas, y los usuarios no podrán ser suspendidos del servicio de comunicaciones por impago. El precio del servicio será por tiempo, sin costes adicionales.
Los proveedores del servicio de consulta telefónica sobre números fijarán libremente los precios de cobro a los abonados. Tendrán que comunicar sus precios con diez días de antelación a los organismos correspondientes. En particular, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Alarmante aumento de las reclamaciones
Con estos cambios, el Ministerio pretende fomentar la libre competencia de los prestadores de servicios. Podrán establecer sus precios libremente sin ceñirse al tope que fijaba hasta ahora la norma. Y será obligatorio pedir el consentimiento expreso del usuario con independencia del coste.
Según datos oficiales, en el segundo semestre del año 2022 las reclamaciones por fraude aumentaron un 50%. La cifra se ha duplicado en los primeros meses de 2023. Otro dato preocupante es que las actuaciones contra prácticas fraudulentas el año pasado afectó al 40% de las numeraciones 118.
El Ministerio se ha mostrado muy preocupado por el importante incremento del número de reclamaciones de usuarios de este servicio. Justifica así la necesidad de endurecer la normativa actual. Las nuevas medidas se pondrán en marcha próximamente tras su publicación en el BOE.