Las cotizaciones máximas empezarán a regularse. Hasta la fecha no había ninguna norma que determinara su ajuste. Pero el ministro José Luis Escrivá considera que ha llegado el momento de fijar una serie de condiciones para sus subidas.
Las cotizaciones son el dinero que tanto las empresas como el trabajador aportan al sistema mensualmente para abonar las pensiones. La intención del Ejecutivo es que suban en un porcentaje muy parecido al de las pensiones, que en estos momentos están sujetas al IPC. La titular de Hacienda estimaba que el aumento de estas pagas alcanzaría el 8,5% a partir de enero.
Escrivá explica que "siempre hemos sostenido que las bases máximas tienen que subir lo mismo que el IPC". En su opinión, lo que se hace con esta medida es "aportar predictibilidad".
¿Cómo afectará esto a las empresas y trabajadores?
¿Supone esto que las empresas deban aportar 100 euros más al mes por cada empleado? En realidad no. Solo tienen la obligación en el caso de los que perciban más de 50 000 euros anuales. Es a estos a los que se les aplica la base máxima.
Además de las compañías, el propio trabajador también deberá realizar un esfuerzo. Contribuirá con 20 euros más al mes para el sistema. El responsable de la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones insiste en la necesidad de que haya "una regla".
Recalca que "las bases máximas tienen que subir al menos lo mismo que las pensiones". Hay que decir que las actualizaciones de los últimos años han sido bastante confusas y sin guardar conexión con la inflación.
Tanto en 2020 como en 2021 permanecieron congeladas. Después de las críticas de los empresarios por esta postura adoptada, el ministro quiso mandarles un mensaje. "A veces se nos olvida a cuántos ingresos ha renunciado la Seguridad Social para proteger a las empresas", dijo.
La propuesta de elevar las cotizaciones máximas un 8,5% supone el porcentaje más alto en mucho tiempo. Escrivá detallaba que "lo lógico es que busquemos todos la sostenibilidad. Eso quiere decir que ingresos y gastos tienen que subir al unísono".
Entiende que de no actuar de manera responsable "estaríamos debilitando la Seguridad Social". Y eso, entre otras cosas, provocaría una mayor deuda pública y déficit. El coste de elevar las pensiones en función del IPC implicará un desembolso para el Estado de más de 12 000 millones de euros.
Quejas de los empresarios
La decisión de incrementar las cotizaciones máximas permitirá al Estado ingresar unos 600 millones extra. La patronal CEOE no tardó en reaccionar el pasado viernes emitiendo un comunicado en donde consideraban de "inadmisible" la medida.
Pero no será el único sobrecoste al que se enfrentarán las compañías a partir de 2023. El próximo ejercicio se pondrá en marcha un nuevo recargo, el MEI (Mecanismo Equidad Intergeneracional). Esto obligará a empresas y empleados a desembolsar un 0,6% más de cotizaciones sociales para llenar la hucha de las pensiones.
Con esto se pretende estar lo mejor preparados posibles para la próxima retirada de la generación 'baby boom'. Sin lugar a dudas, supondrá un momento de mucho estrés para el sistema. Los empresarios tampoco lo ven algo adecuado al entender que esta solución no arregla el problema.
Una subida en el peor momento
El incremento de las cotizaciones sociales llega en el momento menos oportuno. Las empresas están siendo víctimas de la desaceleración económica y de una profunda crisis energética. También han padecido el aumento en el coste de materias primas.
La patronal sostiene que si a todo esto se le une el mayor pago por cotizaciones sus cuentas se acabarán apretando aún más. Escrivá defiende que las compañías están trasladando a los precios de sus productos el encarecimiento de los costes. Por lo tanto, la situación no reviste de tanta gravedad.