La falta de rendimiento y de productividad en el trabajo se empezará a penalizar. El Gobierno pondrá el foco sobre algunos empleados que no obtengan los resultados deseados. Pretenden instaurar un nuevo modelo de evaluación dentro de la función pública que valore "la conducta y los logros" de los funcionarios.
La intención es que aquellos que presenten unos resultados más positivos se les recompense con una prima especial. La obtención de una serie de objetivos se controlará a través de un sistema de evaluación. Lo que se busca es que desempeñe las funciones de incentivo y de reconocimiento para aquellos que lleven a cabo mejor sus tareas.
Fuentes sindicales explican al diario Cinco Días que dicha modificación tendría efecto directo sobre los distintos complementos. Entre ellos los que ya había, como puede ser el destino, o los de nueva creación, como los de carrera y de desempeño.
¿Podrían despedir al trabajador público?
Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública señalan que en ningún momento se planteará el despido. Pero tampoco la pérdida de la condición de empleado público. Esgrimen que estos controles se desarrollarán basándose en unos criterios de objetividad, imparcialidad, transparencia y no discriminación.
Además, la intención es que se establezcan una serie de objetivos, tanto a nivel individual como colectivo. Se pondrán en marcha unas comisiones de seguimiento en las que tendrán mucho que decir los sindicatos.
Señalan que las penalizaciones salariales se aplicarán como muy pronto en el primer semestre de 2025. Para ello es preciso que la ley se apruebe en el Congreso. A continuación, que empiece a funcionar la comisión que dé forma al modelo de evaluaciones.
Según recoge el citado texto, los controles no tendrán efectos "en las dos primeras anualidades" tras su aplicación.
¿Quién se verá afectado por la implementación de este sistema?
En dicha ley se indica que la participación en estos procedimientos de evaluación "será obligatoria para todo el personal. Que se encuentre en situación de servicio activo o asimilada". De esta manera se fijarán mecanismos para la participación de los trabajadores públicos en los objetivos asignados a su puesto.
Con una cierta regularidad se analizarán la fiabilidad y objetividad de los instrumentos de control. Desde el ministerio que lidera María Jesús Montero añade que se incorporarán garantías suficientes para la revisión de resultados cuando existan discrepancias.
Los resultados de la evaluación se dejarán notar en las retribuciones complementarias de carácter variable. También en la progresión de la carrera profesional, en los criterios para la provisión de plazas y en la continuidad.
Dicha ley contó con el visto bueno de la mayoría de organizaciones sindicales, excepto de CSIF. Apuntan que no garantiza la evaluación del desempeño, el teletrabajo o las 35 horas semanales. De ahí que muestren su intención de "enmendarla" durante el trámite parlamentario.
Inciden en que el texto "carece de previsión presupuestaria para ámbitos fundamentales. Como la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño". En el caso de la evaluación, no se establece el plazo para que ministerios y organismos planifiquen este sistema de control. Por lo tanto, creen que todo quedará "en papel mojado".
Por su parte, desde CC OO se muestran partidarios de esta iniciativa. Entienden que refuerza los derechos a la provisión y movilidad, la promoción interna y la evaluación del desempeño. Con todo ello creen que se acabará reconociendo la profesionalidad y el buen hacer de los trabajadores públicos.
Añaden que el proceso que se lleve a cabo será tanto individual como colectivo. Y en todo momento, las organizaciones sindicales permanecerán muy pendientes de que se cumpla lo pactado. Sin lugar a dudas, será una buena manera de recompensar a los funcionarios más productivos.