Cuando llevamos toda una vida profesional a nuestras espaldas, lo que más deseamos es ponerle fin a la misma y disfrutar de una merecida jubilación. No debemos pasar por alto que si nos jubilamos más tarde de la edad legal, 65 años con 37 años y 9 meses cotizados, el Estado nos puede dar beneficios.
Lo cierto es que el Gobierno de España ha aprobado hace unos días la medida para aquellos que quieren seguir trabajando más tiempo del indicado por ley. De hecho, se pueden combinar dos incentivos vigentes desde hace poco más de un año.
Quién se demore a la hora de jubilarse puede escoger entre cobrar un 4% de pensión o un cheque instantáneo de 12.060 euros por año trabajado de más.
Acceder a la jubilación demorada o dejar de trabajar cuando marca la ley
Además, el 17 de mayo se ejecutó una norma que concede de forma simultánea la prestación de un 2% superior y un cheque de hasta 6.030 euros por cada año de retiro.
Hay que reseñar que cuando se cumplan los 11 años de retraso desde dicha jubilación, el incentivo versará sobre un pago único. Y será fijado a cinco años del periodo demorado y con una subida del 2% de la pensión por cada año de demora.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 16 de mayo, Jose Luis Escrivá puso en valor esta medida. Supone ser "la más eficaz para asegurar la sostenibilidad de las pensiones".
Un cheque de hasta 6.000 euros por jubilarte pronto
Así, una persona con 35 años cotizados y una pensión de 1.500 euros que se jubile un par de años después de la edad legal va a percibir hasta 7.707 euros. Y lo que es más importante, su pensión va a crecer de por vida hasta llegar a los 1.560 euros mensuales.
Escrivá también puso de manifiesto que ya son 200.000 las personas que se han adherido a estos cheques. Y le satisface que la jubilación demorada suponga ya el 7,8% de las nuevas altas de jubilación en este primer tramo del año.
Por si fuera poco, el Gobierno también ha ejecutado otro Real Decreto que concede ventajas a la jubilación anticipada de las personas con una discapacidad que supere el 45%.
Con esta nueva ley, se reducen de 15 a 5 los años de cotización obligatorios desde que se diagnostica la discapacidad para poder dejar de trabajar desde los 56 años. Eso sí, hay que haber trabajado un tiempo que equivalga al periodo mínimo de cotización.
A su vez, se va a fijar el régimen citado a aquellos españoles que tengan más de una patología discapacitante si entre todas ellas sobrepasan el 45% de discapacidad. Con todo, desde ya se podrán sumar varias dolencias para acreditar que se lleva ese porcentaje de discapacidad, y pronto se va a aumentar esa lista de patologías.
Llegan las duras críticas de la CEOE
Después de anunciar esta serie de medidas por parte del Gobierno, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) patrocinado por la CEOE, cargaba contra estas. No está de acuerdo con esta segunda reforma de las pensiones de Jose Luis Escrivá.
El organismo afeaba que esta alza de cotizaciones va a recortar un 0,6% del PIB y destruirá entre 100.000 y 190.000 empleos a tiempo completo. A su vez, alertó de que la reforma de las pensiones "deteriora la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional". Denuncian que las pensiones máximas crecerán a un ritmo más bajo que las bases máximas.
Con todo, "esto supondrá incrementos acumulados unas 12 veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones. Esta situación, junto con la cotización adicional de solidaridad, se traducen en una clara ruptura de la naturaleza contributiva de las cotizaciones", lamentó el IEE.