La última decisión que ha adoptado CaixaBank ha causado una cierta sorpresa en el gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo porque el Estado, a través del FROB, es uno de los grandes accionistas de la entidad bancaria.
El FROB es una entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. Al parecer, según desvela el diario ABC, CaixaBank tiene previsto recurrir el impuesto a la banca que impuso el Ejecutivo. Y para ello empleará la vía judicial, como ya habían realizado otras compañías del sector.
Lo definen como un movimiento de gran relevancia que puede levantar ampollas entre la clase política. Hasta ahora, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, se había posicionado en contra de dicho gravamen. Pero en ningún momento habían amenazado con llevar el asunto a los tribunales.
Fuentes de la entidad explican que hay varios motivos que les empujan a tomar esta decisión. En primer término denuncian que se trata de un impuesto discriminatorio porque no afecta a todos los bancos. Solo estarán sujetos a él los que eleven por encima de los 800 millones la suma del margen de intereses y comisiones netas.
También consideran que se trata de una tasa confiscatoria, que somete los ingresos a una doble tributación. Por último, lo tachan de gravamen distorsionador de la competencia en la Unión Europea.
Entienden que las entidades españolas compiten en desventaja respecto a los bancos comunitarios. El malestar que hay es evidente.
El Estado cuenta con un 17,3% de las participaciones
Después de que CaixaBank absorbiera Bankia, el Estado pasó a tener un 17,3% de las acciones de la entidad. No hay que olvidar que la mayor parte del capital de Bankia era público.
A todo esto se le une que el FROB también tiene presencia en el consejo de administración de la firma de origen catalán. Lo hace a través de Teresa Santero, que fue un alto cargo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.
En principio, CaixaBank no tiene previsto recular. Entienden que su misión es defender los intereses de sus accionistas. Y cuando hablan de accionistas también hacen mención a los más de 600.000 minoristas que tienen.
CaixaBank sigue los pasos de otras entidades
El impuesto a la banca nunca fue bien encajado por las distintas entidades. CaixaBank, después de mucho pensárselo decidió dar el paso de recurrir a los tribunales y emprender el camino que ya había tomado la competencia. Desde hace semanas se conocen las denuncias de distintas empresas del sector contra esta orden.
Los primeros en movilizarse han sido Kutxabank, Bankinter y Banco Sabadell. Su objetivo es claro y pasa por tumbar dicha tasa. Como se ha ido detectando, el goteo de recursos judiciales es constante.
Pero todo depende también de la postura que adopten dos de las principales entidades bancarias de este país. Tanto el Banco Santander como el BBVA se mantienen en un segundo plano. Se desconoce si optarán por denunciar o preferirán mirar hacia otro lado.
Es posible que se lo piensen bien antes de tomar una decisión. Sobre todo porque implicaría plantarle cara al Gobierno y las grandes compañías prefieren evitar la confrontación con el Estado.
No obstante, la mayoría de bancos ha mostrado su contrariedad por la imposición de este gravamen. Las patronales bancarias AEB y CECA impusieron "sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional".
Buscan impugnar "la orden ministerial" por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado" del nuevo impuesto bancario. En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez confía en que no prosperen dichas denuncias. Son optimistas y creen que la justicia les dará la razón.