Hay mucha expectación por conocer lo que ocurrirá el próximo 23 de julio. Se auguran unas elecciones generales muy disputadas, que llegan además tras la hecatombe del PSOE en los comicios autonómicos y municipales. Uno de los sectores más pendientes por el resultado será el de la banca, entre los que están BBVA y CaixaBank.
Se podría mantener la línea continuista de Pedro Sánchez o producirse un cambio de ciclo. De ocurrir esto último, lo más probable es que nos enfrentaremos a una revolución desde el punto de vista económico y social. A priori, un triunfo de los populares traería consigo unas políticas más favorables a la empresa y una reducción de impuestos.
Esa descarga de la presión fiscal podría provocar que tumbaran algunas de las medidas planteadas por el actual ejecutivo. Muchas de ellas pensadas para hacer frente a la alta inflación. Entre ellas estarían el impuesto extraordinario a la banca y a las compañías energéticas.
Este gravamen se presentó como algo temporal, que únicamente se extendería durante los dos próximos ejercicios (2023 y 2024). Con ello pretendían que las grandes empresas, que presentaban un amplio margen de beneficios, no se lucraran con los precios tan elevados. El dinero recaudado, además, iría a sufragar las distintas medidas puestas en marcha para aliviar el bolsillo de los españoles.
La banca mostró su descontento
La banca no encajó en ningún momento bien la medida adoptada por el Gobierno. Desde el primer instante se repitieron sus quejas y confiaban en que se pudiera derogar ese impuesto. Pero con el paso de las semanas han podido comprobar que la situación daba un vuelco.
Las principales entidades del país tuvieron que aportar 1.120 millones por este concepto durante el primer trimestre del año. CaixaBank, por ejemplo, desembolsó 373 millones, mientras que el Santander abonó 224. Pese a este gravamen, los bancos obtuvieron un beneficio de 5.696 millones hasta marzo, que supone un 13,9% más.
En más de una ocasión han amenazado con recurrir este tributo. Pero eso no ha supuesto ningún impedimento para que el Ejecutivo se planteara una posible ampliación del mismo.
PSOE y PP meditan seguir con el impuesto
Aunque parezca un tanto extraño, tanto PSOE como el PP coinciden en sus planes sobre el impuesto extraordinario a la banca. Lo que se preveía como algo temporal, con fecha de caducidad en 2024, podría alargarse en el tiempo.
Las dos principales formaciones de nuestro país dejan la puerta abierta a esta posibilidad. De momento prefieren mostrarse cautos, reservando su decisión para el próximo ejercicio. Por ahora, ni el Gobierno ni los populares tampoco contemplan suprimirlo antes de tiempo.
"Estamos viendo cómo evoluciona la recaudación y habrá una revisión del mismo para tomar decisiones de cara al futuro", apuntó la vicepresidenta del Ejecutivo. Nadia Calviño admitía recientemente en un encuentro con los bancos que su situación económica les permitía asumir ese gravamen. Las cuentas del primer trimestre resultaron especialmente buenas, por lo que no dudó en lanzarles esa advertencia.
En una línea similar se expresó unas horas más tarde el vicepresidente de Economía del PP, Juan Bravo. Su idea sobre la tasa temporal al sector se asemeja bastante a la de Nadia Calviño. Afirmó que todavía no lo han decidido. Esperarán a llegar a La Moncloa para adoptar una postura u otra. Todo dependerá en gran medida de "cómo esté la inflación y la situación económica".
Pese a las coincidencias en esta cuestión, desde las filas del PP sí que muestran su rechazo al diseño del impuesto. Sostienen que lo más adecuado hubiera sido la creación de un fondo, financiado con la tasa del sector que ayudara a los hipotecados con dificultades.