A diario son miles los conductores que se aventuran a las carreteras españolas, ya sea por motivos laborales o bien por ocio, y cada día este hecho se convierte más en un lujo. Con el precio de los hidrocarburos derivados del petróleo al alza y un mercado en plena transición tecnológica, la mayoría de españoles tendrán que afrontar un nuevo pago en su viaje. Un recorte o impuesto que se aplicará a aquellos que transiten por autovías y autopistas.
Sí, parece una broma, pero es una medida que lleva tiempo barajándose desde el Ejecutivo central, y es que si bien la mayoría son de libre circulación y se encuentran amortizadas —en el caso de las autopistas—, lo cierto es que es una medida recaudatoria más. Este proyecto, según atisban las autoridades, permitirá el uso correcto de los gastos relativos a las vías. No es una medida que se lleve a cabo únicamente en este territorio, sino que ocurrirá en todos los países europeos.
Según aseguran los miembros del Gobierno esta medida se lleva a cabo a través de una propuesta iniciada por Bruselas para proponer un modelo de financiación sostenible para este tipo de infraestructuras, que según aseguran, son el fondo de miles de millones de euros anualmente. Si bien es cierto que son también miles los conductores que las utilizan diariamente, la verdad es que no todas reciben el mismo tipo de bagaje automovilístico, y por lo tanto no se trata del mismo desgaste.
¿Cuánto habrá que pagar?
Es una pregunta que aún no tiene respuesta, como tampoco se ha publicado de forma directa la cuantía que depara este tipo de mantenimiento. Lo que sí se conoce son los motivos que llevan al territorio europeo a solicitar a los países miembros que se hagan responsables de las infraestructuras, ya que resulta común observar al lado de estas vías, carteles que anuncian su financiación por parte de estos fondos.
El refugio que busca la organización europea es que, debido a los ingresos económicos que percibirán los países por la pandemia, existe aún más si cabe, otra razón para solicitar a los países que inviertan estos flujos de capital directamente en los sectores productivos y, que de esta forma, busquen otros métodos para sostener infraestructuras. Este plan forma parte de una condición indispensable para que España pueda redistribuir los 70.000 millones de euros que esperan las arcas públicas.
El Gobierno espera que todos los conductores de tránsito habitual paguen una cierta cuantía por el uso de las redes de rápida circulación, ya sean ciudadanos españoles, o extranjeros que se encuentran de visita en nuestro país. El abono se realizará de forma semejante a los peajes, es decir por kilómetro recorrido.
¿Quiénes se libran?
La medida no pretende ser vinculante a todos aquellos que hagan uso de las carreteras, sino más bien a aquellos que lo hagan de forma esporádica. Por esta razón, se plantea el dejar fuera de la medida a las personas que utilicen este tipo de carreteras de forma diaria, por ejemplo transportistas o autobuses. También aquellos que vivan a una distancia larga de su lugar laboral, y tengan que emplear la vía de transporte todos los días.
Las comisiones aplicadas a este cobro necesitan aún de cierta valoración para determinar cuanto será el metraje por kilómetro recorrido, o si algunas vías dispondrán de un precio u otro debido a uso. Es por ello que para que esta estructura de recaudación llegue a las carreteras españoles queda aún un tiempo, pero que no pille de sorpresa a nadie cuando de un día para otro haya que pagar peajes o gastos de mantenimiento de carreteras en el medio de un viaje a otro punto de España.