La tramitación de las prestaciones en la Seguridad Social acumula serios retrasos desde hace meses. Y aquellos que quieren cobrar el Ingreso Mínimo Vital tienen que esperar varios meses para poder confirmar una cita presencial.
Lo cierto es que acometer esa cita está siendo un quebradero de cabeza para jubilados y receptores del Ingreso Mínimo Vital.
Las colas son notorias y especialmente la capital de España está siendo un gran problema pedir esa ayuda. Una ayuda que quería frenar las urgencias de miles de ciudadanos desde el año 2020.
ABC ha hablado con Haraldo Dahlander, responsable de Seguridad Social de CSIF, y ha expuesto que esta ayuda tarda "mucho tiempo" en ser gestionada para los solicitantes.
La Seguridad Social sufre un problema claro de tramitación del Ingreso Mínimo Vital
Además, hay que reseñar que un 66% de las peticiones que son presentadas finalmente tienen grandes problemas de gestión. Y es que muchos terminan desistiendo porque los requisitos saturan y desbordan al que pide la ayuda.
El caso es que la resolución, ya sea para bien o para mal, tarda demasiado en responder, al menos otros dos o tres meses. Por lo que puede llegar a acumular un retraso de un año en su cobro.
Después de ponerse en marcha en 2020 el Ingreso Mínimo Vital, ha llegado en este tiempo a 690 214 hogares. Una cifra corta frente a los 800 000 previstos por el Gobierno.
Hace apenas unos meses, en mayo de 2023, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) puso el foco en un aspecto importante. Y es que muchos se han quedado fuera de esta ayuda y apenas ha llegado el 35% de los potenciales beneficiarios.
El cobro del IMV puede tardar hasta un año por parte de la Seguridad Social
Eso sí, la Seguridad Social no se quedó callada de esta acusación de la AIREF. Aseguraban que este organismo tiene una "estrecha visión de la independencia" y afeó la "escasa calidad y falta de fundamentación de sus análisis".
Lo cierto es que además del Ingreso Mínimo Vital también los jubilados están padeciendo estos retrasos en la ejecución de sus pensiones. Y la atención al ciudadano por parte de la Seguridad Social está cada vez peor.
No hace demasiado tiempo, concretamente, en enero de este año, Ángel Gabilondo quiso presionar al ministro José Luis Escrivá para que se solucionase esta situación.
Y es que el Defensor del Pueblo dejó claro que el Gobierno tenía que “resolver las demoras en la concesión de citas. Y tenían que superarse las deficiencias apreciadas en los servicios de atención”.
Lo cierto es que el servicio es tan pobre que desde 2020 hasta finales de 2022, la Seguridad Social no pudo atender a casi 4 millones de llamadas.
Y todo debido a una plantilla mermada que ha pasado de 36 000 a 26 000 trabajadores con una media de edad de 60 años.
Los sindicatos amenazan con la huelga si no se empiezan a ejecutar las reformas pactadas
Como posible solución, el ejecutivo pactó con CSF y Comisiones Obreras la incorporación de 3525 funcionarios para reforzar esa plantilla mermada.
El objetivo que tenía era que 2500 de estos nuevos trabajadores se incorporaran con la oferta pública de empleo y los 1025 restantes fueran plazas estructurales. Estos 1025 estarían destinados fundamentalmente a reforzar la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Meses después de que se llegase a ese acuerdo, CSIF y CC.OO lamentan que no hayan tenido contacto con el Gobierno desde el pasado mes de junio.
Denuncian que esa negociación a la que llegaron no ha servido de mucho con el paso del tiempo y advierten al ministro Escrivá. "Si en diciembre no están cerrados los compromisos de negociación adquiridos, convocaremos huelga".