El pasado lunes hizo 7 años que la Junta de Andalucía, consumidores, empresas instaladoras de telecomunicaciones y la RTVA, analizaban en Sevilla las implicaciones de la liberación del Dividendo Digital de la TDT. En ese encuentro, firmaron una declaración sobre los efectos de su puesta en marcha.
El encuentro tuvo lugar la mañana del viernes día 12 de diciembre de 2015. Se realizó en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y fue presidido por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. Con este acto, las organizaciones de consumidores más representativas de Andalucía, firmaron una declaración conjunta en la que reclamaban al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, una moratoria de tres meses.
Así, los sectores implicados en este cambio del denominado Dividendo Digital, fijado el 31 de diciembre, podrían adaptar sus instalaciones. Fue una medida muy necesaria y novedosa para Andalucía. Así, todos los ciudadanos de la comunidad española, tuvieron garantizado su derecho de acceso a la información.
En este documento, se recogieron los efectos que recogen este nuevo cambio y que en mayor o menor medida repercutía en los diferentes sectores implicados.
Entre ellos debemos destacar que, en 2015, la desinformación a la ciudadanía en general sobre los trámites a seguir en todo el proceso era muy grande. Los cortos plazos de tiempo establecidos para la adaptación, hacía previsible que cientos de miles de ciudadanos tuvieran graves limitaciones al acceso de la televisión.
Tuvieron muchos problemas en torno a la ayuda para costear las actuaciones de adaptación en los edificios, la cual solo se podría solicitar una vez que el usuario llevara a cabo dichas actuaciones, cuando lo oportuno hubiera sido que el acceso a la misma fuese previo a su realización.
A ello, hay que añadir que la misma no cubría el coste total de las reparaciones, ni consideraba el IVA en el precio a subvencionar, lo que conllevaba que las personas usuarias tuviesen que abonar entre el 25% y el 30% de los costes totales de la adecuación de sus instalaciones. Todas estas cuestiones, al menos durante el primer trimestre de 2015, fueron toda una revolución en Andalucía.
Gracias a esta reforma y a que antepusieron los derechos de los andaluces y andaluzas por encima de un bien económico, hicieron que los habitantes de la comunidad pudieran acceder más fácilmente a la adaptación de sus instalaciones.