Un amplio número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deberán devolver las ayudas percibidas. Se estima que esta medida puede afectar a unas 48.000 personas. En cuanto a la cantidad media a reintegrar, lo elevan hasta los 2.500 euros.
Se trata de un duro varapalo para muchas familias. Desde el Gobierno indican que tras la pertinente revisión, la situación fiscal de estas personas ha variado. Por lo tanto, no son merecedores de seguir percibiendo la prestación.
Los perjudicados por esta medida no se han quedado de brazos cruzados y ya llevan un tiempo movilizándose. A través de la plataforma charge.org solicitan la colaboración ciudadana en su intento por recabar apoyos en este sentido.
Se presentan como "personas desempleadas, padres y madres de familia, con menores discapacitados, enfermos e incluso mayores a cargo. Divorciados/as, viudos/as, personas que viven solas y todas tenemos un denominador común", explican. Se tratan de "escasos recursos económicos que nos impiden cubrir nuestras necesidades básicas y las de nuestras familias".
Aseguran que "no queremos vivir de la caridad del Gobierno. Queremos vivir dignamente. Por esta razón fue aprobado el Ingreso Mínimo Vital", cuentan en su petición.
Denuncian la reclamación de cobros indebidos
Este colectivo, que se aglutina en esta plataforma, denuncia que desde el año pasado vienen sufriendo una serie de perjuicios. Uno de los más graves hace referencia a la solicitud de devolución del dinero cobrado del IMV.
"Nos llegan cartas reclamando cobros indebidos, con unas cantidades que no sabemos de dónde han salido", indican. Todo esto acaba generando "desorden, descontrol y miedo entre las personas más vulnerables". Entienden que este tipo de acciones no consiguen el resultado deseado.
"Lo que era una prestación para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social" se ha "convertido en un auténtico drama. Para padres y madres de familia, con hijos menores, discapacitados e incluso mayores a su cargo", subrayan.
En las cartas que les envía la Seguridad Social reclamando esos "cobros indebidos" se les impone una serie de condiciones. "Nos indican que se debe pagar la deuda en un plazo de 30 días o el 20% del recargo". La situación puede resultar especialmente dolorosa para muchas familias en apuros.
En el caso de no pagarla en el plazo estipulado, habrá un "recargo del 20% y se iniciará el procedimiento de apremio. La deuda no se paraliza ni aunque estés en proceso judicial. Siguen subiendo las cuantías por los intereses generados".
Entienden que se crea así una situación un tanto injusta. En su opinión, se trata de una ayuda "destinada a personas que están en una situación de precariedad económica". Se sienten indefensos y sin posibilidades de defenderse.
Estiman que deben ser los tribunales los que determinen "si el error de los cobros indebidos es de la Seguridad Social o de los beneficiarios".
Las peticiones que realizan los perceptores del Ingreso Mínimo Vital
Los perceptores de esta ayuda hacen una serie de peticiones al Gobierno. Desean que detengan de forma inmediata "la mala gestión y la mala praxis sobre el Ingreso Mínimo Vital".
Inciden en la necesidad de que "no nos obliguen a devolver el dinero del IMV cuando no hemos incumplido nada. Y ni siquiera tenemos dinero en el banco".
Para que no se repitan de nuevo estos casos de reintegro de las ayudas tienen claro lo que deben hacer. La clave está en tomar como referencia "nuestra situación económica del año en curso y no del año anterior".
Además, solicitan a las autoridades ayuda para que nos "insertemos en el mercado laboral, con trabajo digno y duradero. Para no volver al umbral de la pobreza ni seguir pidiendo el Ingreso Mínimo Vital".