Desde julio de 2021 se fijó en 1.000 euros el tope para realizar abonos en efectivo entre un particular y un profesional. Se trataba de una medida para combatir el fraude fiscal en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno analiza la posibilidad de reformar esta ley.
El límite fijado ya fue cuestionado en su día por Bruselas. Pero ahora es el Instituto de Estudios Fiscales, al que definen como el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda, el que lo censura.
Al parecer, una investigación patrocinada por dicha entidad apuesta "por modificar o reformular esta medida", recoge el diario ABC. Pretenden que la decisión que se adopte se encuentre en consonancia "con la política del BCE y con los postulados del Derecho de la UE".
A simple vista, más de uno pensará que la postura de las autoridades pasará por reducir aún más las cantidades en metálico en dichas operaciones. Pero será todo lo contrario.
El Consejo Europeo determinó a finales del año pasado limitar los abonos en efectivo superiores a 10.000 euros. Está pensado para que ningún país de la Unión Europea se exceda de esa cantidad. Por lo tanto, en el caso de España se encontraría dentro de la legalidad, aunque muy lejos de los niveles de tolerancia de Bruselas.
Apuesta por un medio de pago que se sigue utilizando
La mayor parte de los países se ha esforzado en disminuir los pagos en efectivo o reducirlos lo máximo posible. En cualquier caso, las autoridades europeas se muestran partidarias de mantenerlo. Pese a que va perdiendo algo de fuerza en detrimento de otros métodos de abono, sigue siendo la opción preferida por los ciudadanos.
Es cierto que cuando se desarrollan políticas de control, topando las operaciones en metálico, se pretende un objetivo. En el caso de España era evitar la economía sumergida, así como las transacciones sospechosas entre particulares. Sin embargo, en lo que no reparaban era en las consecuencias que podía acarrear.
Sobre todo entre la población de más edad, que carece de ciertas dificultades para desenvolverse correctamente en el mundo digital. Eso ha provocado también una cierta exclusión de una parte de los ciudadanos.
Se ha ido comprobando con el tiempo que el empleo del dinero en efectivo aporta una mayor seguridad a este grupo de personas. Encuentran muchos problemas para manejarse con los cajeros automáticos o para efectuar compras a través de internet.
Muy lejos de los 15.000 euros de hace diez años
Antes de que se aprobara la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el tope estaba en los 2.500 euros. Era la cantidad máxima que se podía utilizar para realizar pagos entre particulares y empresas o profesionales. A partir de esa cifra habría que recurrir a otros métodos como las transferencias o la tarjeta de crédito.
A día de hoy nos encontramos muy lejos de los 15.000 euros que se permitían en 2012. Hay distintas organizaciones que tratan de convencer al Gobierno para que cambie de idea. Entre ellas está la Plataforma Denaria, publica el citado medio.
Se trata de una asociación que defiende los intereses conjuntos en torno al pago en efectivo. Por ahora mantiene contactos con el ejecutivo y distintas formaciones políticas para elevar la cantidad máxima de efectivo permitida. La propuesta pasa por alcanzar entre los 5.000 y los 10.000 euros.
Esta postura podría salir muy reforzada después del análisis efectuado por el Instituto de Estudios Fiscales. Queda por ver cómo evoluciona este asunto, aunque Hacienda ya lo tiene sobre la mesa. Esto supondría un cierto respiro para la gente con dificultades para manejarse en el ámbito digital.