Los propietarios de viviendas acaban de sufrir un nuevo revés por parte del Gobierno. Está previsto que el jueves 27 de abril se apruebe en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda. En ella, los okupas e inquilinos que dejen de pagar los alquileres se presentan como los grandes beneficiados, recoge El Mundo.
Esto dificultará aún más la devolución de los inmuebles a sus dueños, que hasta ahora llegaba prácticamente hasta el año. Sobre todo en los casos en los que había que recurrir a la vía judicial.
El propietario se verá obligado a partir de ahora a formalizar una serie de trámites para recuperar su vivienda. Será preciso que certifique si se trata o no de un gran tenedor y si los inquilinos ilegales ocupan la casa como residencia habitual.
Cuando se trate de grandes tenedores, las exigencias se incrementarán. Tendrán que demostrar la situación económica del ocupante para saber si se trata de alguien en riesgo de vulnerabilidad.
Estos requisitos son de obligado cumplimiento para que se admita la demanda de desalojo. Además, se incorporarán a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda transaccional del PSOE junto con otros partidos. Es el caso de Unidas Podemos, Más País, ERC, CUP, BNG, Compromís y el PDeCat.
En el artículo 439 de dicha ley se añaden esos dos apartados. Con ello se pretende que a partir de ahora no se admitan "las demandas que pretendan la recuperación de posesión de una finca" sin que se especifiquen una serie de detalles. Entre ellos si el citado inmueble "objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante".
El problema que se encuentran los grandes tenedores
Los grandes tenedores, que son los propietarios de varios inmuebles, tendrán que indicar si los okupas "se encuentran en situación de vulnerabilidad o no". Para ello será necesario que los servicios municipales y autonómicos de Vivienda lleven a cabo una evaluación. Además, se exigirá también contar con una autorización del propio inquilino que ocupa la propiedad.
Por lo tanto, supone todo un contratiempo para los dueños de viviendas, que cada vez se encuentran con más escollos para recuperar sus casas. También se les cancelarán todas las demandas en donde "no se acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación" que establezca la administración.
Obligación de notificar todos los desahucios
La normativa también incluye la obligación de comunicar la hora y hora de cualquier desahucio. Esto implicará que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán realizar el desalojo por sorpresa.
Desde hace días, la oposición viene criticando estas medidas que incorpora la Ley de Vivienda. Entienden que reúne todos los condicionantes necesarios para favorecer la okupación o el impago de los inmuebles. De hecho, así lo confirmaba también el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
En su estudio recogía que dicha normativa conseguía dificultar aún más el proceso de desahucio. Lamentaba que no se hiciera algo por luchar contra la okupación y denunciaban el escaso resultado del tope de los alquileres.
El PP apuesta por medidas para frenar la okupación
Dentro del abanico de medidas que contempla el PP en materia de vivienda se recogen las garantías efectivas frente a la okupación. Buscan dar soluciones a aquellos propietarios que se ven sin su propiedad y que están totalmente desprotegidos.
Queda por ver qué actuación adoptan los populares si llegan al Gobierno en las elecciones de final de año. No han aclarado si derogarán la norma o cambian las partes que puedan considerar más perjudiciales. Los dueños de inmuebles cada vez se sienten más indefensos. Se les dificulta de esta manera la posibilidad de recuperar aquello que les pertenece.