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Conjunto de viviendas

Los españoles con varias viviendas en propiedad van a pagar un nuevo impuesto

Se trata de un impuesto a los grandes propietarios de viviendas

Los grandes propietarios de viviendas van a tener que pagar de sus bolsillos un nuevo impuesto en parte de España. Se trata de un tributo adoptado precisamente para castigar a los que hayan adquirido muchas viviendas, en un mercado inmobiliario cada vez más complicado.

En concreto, ha sido el Consell de la Generalitat Valenciana el que ha abordado la problemática, a raíz de los Presupuestos de la Generalitat Valencia del próximo año. En los mismos, se ha desarrollado la ley de acompañamiento, que ya ha sido aprobada.

A través de esta nueva ley, aparecerá un nuevo impuesto que afectará de forma directa a quienes tengan más de una propiedad. Sin embargo, no a todos los propietarios les afectará por igual. Eso sí, quien no cumpla con lo pactado, se puede enfrentar a multas y sanciones importantes de conocer.

Los propietarios de viviendas que pagarán un nuevo impuesto en Valencia

En este sentido, dentro de la nueva ley recogida en los Presupuestos, se ha contemplado ejecutar un nuevo impuesto a todos aquellos propietarios que tengan más de 10 inmuebles. Además, también se han recogido otra serie de medidas.

El objetivo último de esta nueva ley es el de dar salida al mercado a todas aquellas residencias deshabitadas. Y es que el problema de falta de suelo es uno que afecta a casi todas las grandes ciudades del país.

Un bloque de viviendas blanco con balcones de cristal a la vista
El nuevo impuesto está recogido en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023 | Getty Images

Por otro lado, desde la Generalitat podrán ejercer derechos de tanteo y retracto sobre algunos edificios residenciales. Dentro de los mismos, están aquellos en los que al menos haya cuatro viviendas. De este modo, se pretende dar respuesta a situaciones de emergencia habitacional.

Este es el dinero que se recaudará

Con los datos del pasado año en la mano, la Generalitat estimó que el número de viviendas que se puede movilizar es de al menos 15.000. A través de la ley, se les da a sus propietarios seis meses para venderlas, alquilarlas o para que cedan su uso. Si el inmueble sigue deshabitado después de este tiempo, la Generalitat podrá imponer multas de carácter mensual, que se destinarán a actuar en materia de vivienda.

Según la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Vivienda, se podrían recaudar en 2023 250.000 euros por las multas. Esto sucederá si las viviendas a las que afecta la ley no se ponen en circulación en seis meses.

También se han anunciado ayudas al alquiler

Por otro lado, el vicepresidente Héctor Illueca, también ha confirmado en las Cortes Valencianas que el Gobierno de la Generalitat pretende “actuar con contundencia”. Para ello, aplicará las multas y las sanciones que correspondan. Asimismo, el vicepresidente ha anunciado que el Consell también va a ofrecer una ayuda de carácter automático en concepto de alquiler.

Esta irá destinada a las personas que no se hayan beneficiado de una vivienda pública después de que hayan pasado seis meses desde que esta se inscribiera en el registro público de la Generalitat. Dentro de los presupuestos, esta ayuda está dotada con 2 millones de euros.

Llave puesta en la cerradura de una puerta
Otra de las medidas será ofrecer una ayuda para el alquiler | Getty Images

Otras medidas que se llevarán a cabo

Pero estas, relacionadas con la vivienda, no son las únicas medidas que se han tomado a cabo desde el Gobierno valenciano. Por otro lado, el proyecto de ley que se junta al de los presupuestos pretende garantizar que el Carné Jove sea gratuito.

Esta gratuidad irá destinada a los jóvenes de entre 14 y 30 años. Esto sucederá tras la supresión del pago de 7,70 euros en concepto de expedición que se pagaba hasta ahora.

Además, las residencias deben contar con un máximo de 100 plazas de cara a garantizar la calidad de vida de sus residentes, así como su bienestar. Por otro lado, cualquier empresa o entidad de servicios sociales que haya recibido multas a través de sanción firme, no podrá acceder a contratos públicos. Así lo recoge también este proyecto de ley.