La subida salarial que propuso Hacienda para los funcionarios llega hasta el 9,5% hasta 2024. En dicho acuerdo que alcanzaron Gobierno y sindicatos se incluye, además, un 1,5% retroactivo. Se deberá abonar antes de final de año y servirá para limitar la pérdida salarial de 2022.
Esto se une a la subida del 2% que ya vienen disfrutando desde enero. La subida de sueldos fue pactada por el Estado con los representantes de UGT y CC OO, aunque no con CSIF, el otro sindicato mayoritario.
Malestar por las últimas decisiones del Gobierno
Pero en las últimas horas, las medidas adoptadas por el Ejecutivo han provocado bastante malestar. Sobre todo entre las comunidades autónomas, que serán las que deban asumir dichos incrementos.
Función Pública trasladó a los gobiernos regionales que la financiación de los recursos humanos corre a cargo de cada administración. En la negociación hubo bastante tensión, con las protestas de las comunidades lideradas por el PP y Cataluña. No entendían la postura adoptada por Hacienda, y además no se les propuso ninguna solución.
Pese a que será el Estado el que se lleve el reconocimiento, la subida la tendrán que soportar las regiones. Se estima que dicha mejora salarial beneficiará a 2,7 millones de funcionarios. De estos, 1,6 millones forman parte de las administraciones regionales.
El sector público estatal apenas concentra medio millón de empleados públicos. Mientras que otros 600 000 forman parte de las plantillas de los ayuntamientos. En el caso de las entidades municipales, se analizó la posibilidad de buscar una alternativa a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En la citada reunión, aseguran que tanto comunidades como ayuntamientos, fueron convocados sin contar con información previa. Eso les impidió tener, en cierta medida, margen de maniobra. "En la mesa de negociación no tenemos ni voz ni voto", señaló a El Mundo una fuente regional.
El dinero que deberán asumir las comunidades
Las comunidades autónomas son las que cuentan con un mayor número de trabajadores públicos. Calculan que hacerse cargo de ese gasto extraordinario supondrá un desembolso de 200 millones de euros.
El 1,5% pactado y que prometieron abonar antes de final de año, podría sufrir algunos retrasos. Los sindicatos explican que podría haber diferencias según el ámbito de la administración. En el caso de abonarlo en 2022, sería con cargo a los presupuestos de este ejercicio, que están bajo mínimos.
De ser a comienzos de 2023, las cuentas de las administraciones también se verían muy resentidas. Deberán afrontar un 2,5% fijo más un punto más en variables, y se le uniría ese 1,5% retroactivo de 2022.
El acuerdo pactado entre Hacienda y sindicatos se completa con una subida fija del 2% en 2024. A ella se le uniría, además, un plus del 0,5%. En total, implica una subida del 9,5% hasta 2024.
El incremento salarial de los funcionarios ha contado con el visto bueno de UGT y CC OO. Sin embargo, se han encontrado con la negativa de CSIF. Se trata de un sindicato con mucho peso dentro del sector público.
Los motivos por los que CSIF rechaza el acuerdo
Desde el CSIF esgrimen que rechazan la propuesta del Ejecutivo por varios motivos. En primer lugar, por considerar insuficiente la subida ante el alto nivel de inflación. Creen que los empleados públicos se exponen a nueva pérdida de poder adquisitivo.
Aseguran que Hacienda adorna los datos con aumentos variables que son "complicados de alcanzar". Tampoco ven razonable que incluyan en el conjunto de la subida el 2% que ya se aplica desde enero. Por lo tanto, la mejora salaria se queda reducida al 7,5%.
Por último, acusan al Ejecutivo de presentar un "refrito" de medidas que ya deberían estar en marcha. Es el caso, por ejemplo, de la jornada laboral de 35 horas semanales.