Durante estos últimos años, España ha experimentado un gran crecimiento en lo que a okupación de viviendas se refiere. Esta problemática, cada vez más presente en nuestra sociedad, supera con creces la de la Unión Europea.
¿Te imaginas volver a tu casa y no poder entrar en ella? Pues esta situación es la que han vivido (y siguen viviendo) muchas personas en nuestro país. Además de la impotencia y la frustración que esto puede generar, también se le debe sumar la incerteza de cuando se podrá recuperar la casa, o a quién se debe recurrir.
El problema de la okupación, en aumento
Y es que la forma de proceder en estos casos es bastante complicada. Actualmente, la legislación española establece que en estos supuestos debe iniciarse un procedimiento judicial.
Un procedimiento que, en el mejor de los casos, podría alargarse hasta tres años. Pero claro, mientras tanto... ¿Qué ocurre con los propietarios de la vivienda? Pues bien, con la actual ley de Enjuiciamiento Civil, la Policía solo puede desalojar a los 'okupas' si estos han sido pillados de forma in fraganti.
Una vez que hayan conseguido entrar, y además hayan cambiado la cerradura... la situación se complica todavía más. Es en este caso cuando será necesario solicitar una orden judicial de desalojo.
Si analizamos detenidamente el panorama, para muchas personas estas 'reglas del juego' les otorga cierta impunidad a la hora de ocupar una vivienda. Cuando esto ocurre, los propietarios de la vivienda poco tienen que hacer. Es aquí entonces cuando empieza un camino de batallas judiciales largo y difícil.
La situación de los propietarios parece no mejorar
Desde el despacho de abogados Círculo Legal Barcelona lanzan un mensaje bastante preocupante: "El cúmulo de medidas legislativas extraordinarias adoptadas a raíz de la pandemia y la entrada en vigor del Estado de Alarma han retrasado, todavía más, los procedimientos judiciales en España".
Añaden también, "la justicia española atraviesa en la actualidad un estado de colapso que ha provocado el retraso sistemático de numerosos procedimientos judiciales". Un hecho que se refleja en la larga espera para conseguir echar a los okupas, una media que se establece en un año de espera.
Esta situación de desamparo y desprotección, por lo tanto, obliga a los propietarios de viviendas a esperar durante varios meses a que se produzca el lanzamiento (desahucio) por orden judicial.
Sin embargo, esto parece que solo ocurre aquí. Mientras tanto, en otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania o Italia, la okupación puede llegar a castigarse con multas e incluso penas de prisión.
"Si comparamos con el resto de la Unión Europea, la situación en España es peor y mucho más desfavorable para el propietario, no solo porque los procedimientos judiciales son más rápidos, sino también porque se adoptan mayores medidas", señala Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
Algunas propuestas para solucionar esta problemática
Como comentábamos anteriormente, la situación que hay en España respecto a este tema es más compleja que la de otras zonas. Por ello, durante estos últimos años se han propuesto una serie de medidas y soluciones para acabar con dicha situación.
Una de las más sonadas es la proposición de ley contra la ocupación ilegal que plantea el Partido Popular. En ella se recoge el desalojo en 24 horas, además de recuperar el delito de usurpación de inmuebles.
También se hace referencia a la posible reforma del Código Penal, en la cual se establezca el castigo a las personas que utilicen la violencia o la intimidación para ocupar un inmueble.
Así pues, tanto el desalojo inmediato como el endurecimiento de las penas son dos de las propuestas más solicitadas también por parte de la ciudadanía. Unas propuestas que, en la mayoría de países, ya están en funcionamiento.